Historiador y profesor de Técnicas de Investigación e Historia de la Universidad CEU San Pablo. Por Carlos Manuel Sánchez

XLSemanal. ¿España es ‘secretista’ o transparente?

Antonio Malalana. En España todavía rige una norma franquista -la Ley de Secretos Oficiales- de 1968. Es una norma anticuada e injusta. Y debería ser derogada. Trata a los ciudadanos como si no tuvieran madurez suficiente para conocer la verdad.

XL. ¿Qué periodo protege?

A.M. Toda nuestra historia contemporánea. Considera secreto oficial todo lo que pueda afectar a la seguridad del Estado. Pero, dígame, ¿un documento sobre la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo o la Transición puede poner en peligro la seguridad del Estado, a estas alturas?

XL. ¿Y cómo se las apañan los historiadores para investigar?

A.M. Mal. Es una pesadilla. Tenemos que irnos a archivos de otros países para investigar la historia española.

XL. ¿Para saber cosas nuevas sobre nuestra historia hay que irse fuera?

A.M. Lo que oye. Un ejemplo. La documentación sobre la bomba de Palomares sigue clasificada en España, a pesar de que fue en 1966. Lo que sabemos proviene de fuentes oficiales de Estados Unidos, donde hace años que esos archivos se abrieron al público.

XL. ¿Qué hacen los países de nuestro entorno?

A.M. Se va hacia la desclasificación automática al cabo de un tiempo prudencial, 25 o 50 años. En Estados Unidos, Obama redujo el plazo de desclasificación a 10 años. En España, en cambio, los secretos oficiales no prescriben nunca. Y la cosa ha empeorado…

XL. ¿Por qué?

A.M. Se ha ampliado la consideración de secreto oficial a cualquier asunto que pueda suponer un perjuicio para el crédito y la imagen de España. Por el contrario, el Gobierno francés desclasificó en 2015 los archivos relacionados con el régimen colaboracionista de Vichy, uno de los periodos más vergonzosos de su historia.

XL. Aquí corremos un tupido velo…

A.M. Y tan tupido. En 2010, un acuerdo del consejo de ministros sobre política de seguridad en Asuntos Exteriores se hizo de manera tan solapada que nadie se enteró. Ni siquiera se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Ese acuerdo blindaba 17 materias comprendidas en un listado tan genérico que hace inaccesible cualquier dato que afecte a las relaciones diplomáticas.

XL. ¿Qué archivos deberían someterse a la desclasificación automática?

A.M. Los de los ministerios del Interior, Exteriores, Defensa, Hacienda… Los archivos militares, de la Guardia Civil y la Policía…

XL. ¿Y por qué no se hace?

A.M. Se ha intentado alguna vez. La exministra de Defensa Carme Chacón quiso desclasificar unos 10.000 documentos militares. Abarcan de 1936 a 1968 e incluyen informaciones muy valiosas.

XL. ¿Por ejemplo?

A.M. Actividades de los espías ingleses y americanos en suelo español durante la Segunda Guerra Mundial, procedimientos por masonería…

XL. ¿Y qué pasó?

A.M. Que el siguiente ministro, Pedro Morenés, congeló el proyecto. Alegó que podía generar «ruido mediático».

XL. ¿Y la Ley de Transparencia de 2013 del Gobierno de Rajoy?

A.M. Una oportunidad perdida. En la práctica introduce más restricciones y amplía el catálogo de secretos.