Marisa R.-R. Madrid

Clama al cielo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de invalidar la sentencia de otro tribunal tan supremo como el primero, pero constituido uno por jueces y el otro por un jurado popular. Déjenme decir enseguida que la admisión por el legislador de jurados populares para decidir sobre determinados asuntos debió obedecer a algo y, en principio, los jueces deberían ser los primeros en aceptar esa competencia de jurados más legos que ellos, pero tan populares y justos.

Primero se trata de un refinamiento de la clásica división de poderes sobre la que se asienta la democracia. No basta con asegurarse de que cada poder se ciña a sus competencias, es decir. los jueces, a la observancia de los códigos y leyes; el Congreso, al desarrollo de los equilibrios necesarios para el bienestar económico, social y moral; el Gobierno, a la consecución de los objetivos aprobados.

Se trata de evitar que a los miembros del Congreso les dé por nombrar jueces, que a los jueces se les antoje cambiar la ley, y al Gobierno no hacer caso ni al Poder Judicial ni al Legislativo. Se trata del requisito esencial de todos los sistemas democráticos y el más difícil de aprender, como se ha visto en la democracia española con la intromisión de la política en el Poder Judicial.

La división de poderes comporta también una presencia testimonial y real, según las culturas en que se desarrolla, del poder soberano de los ciudadanos para que existan válvulas de escape de la división de poderes. el Congreso puede legislar, pero, hasta cierto punto, marcado por la convocatoria de elecciones generales; en el Poder Judicial mandan los jueces expertos en la aplicación de la leyes, pero, hasta cierto punto, marcado por la soberanía popular a la que se recurre con el sistema de jurados; son ciudadanos corrientes y molientes asesorados por jueces, pero que deciden en función de las emociones y la cultura paralela del sentir general.

El poder omnímodo del Gobierno lo es también hasta cierto punto, ya que está sometido a cantidad de cortapisas marcadas por el jefe de Gobierno, que puede cambiarlo, y este, que puede ser cuestionado.Yo, personalmente, me alegro de contar con un sistema judicial independiente; falta nos hacía. Pero me alegro tanto o mucho más de contar también con el testimonio y poder de decisión no mediatizado únicamente por los códigos, sino por el pueblo soberano.

Los jueces pueden saber mucho de leyes, pero no se les puede exigir que, al margen de estas leyes, tomen en consideración el estado emocional de la nación y su impacto sobre la conducta de los demás. El acoso sufrido por determinados ciudadanos por delincuentes armados, a los que la propia ley no castiga como merecen, crea miedos incontenibles que pueden llevar a tomar la justicia por su cuenta y a validarla determinados jurados populares.

El cuestionamiento de la justicia administrada por esos medios por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no puede ni debe responder únicamente a la ley que ellos aplican. En realidad, no deberían poner nunca en entredicho el sistema constitucionalmente aceptado de los jurados populares; a estos jurados los asesoran jueces ordinarios, pero sus sentencias intentan dar cabida a las emociones activadas por las exigencias de la cultura del momento; hacerlo contradiría su propia ley.

Es posible que estemos lejos todavía de sancionar con naturalidad lo que ya hemos admitido legalmente; a saber parafraseando lo que un premio Nobel me dijo en privado un día, los que más me han enseñado son los que no sabían nada de lo mío .