Los lectores preguntan a Eduardo Punset. Pregunta de Arturo M. García. Madrid

A veces cuesta admitir que el más votado es el mejor. En muchas ocasiones resulta que el vencedor de unas elecciones es el peor de los nominados. En ocasiones, la diferencia de votos entre los dos contendientes principales es apenas significativa. ¿Quién apostaría por el futuro, sin ánimo de duda, al constatar que la diferencia en el resultado electoral fue de apenas tres puntos. 51,6% contra 48,3%, y que esa distancia habría desaparecido seguramente de haberse prolongado un par de días más la campaña electoral francesa a la Presidencia de la República?

Esos resultados tan improbables, pero tan decisivos, conducen a reflexionar sobre algunos componentes que asientan nuestros sistemas democráticos. El primero es, por supuesto, el propio sistema electoral, que muy a menudo no es el resultado del pensamiento más refinado, sino de las circunstancias históricas en las que se produjo la elección del sistema.

En el caso de España está claro que la legitimidad del sistema electoral arranca de los decenios a lo largo de los cuales el imperio de la dictadura no solo supuso la ausencia injustificada de las grandes ideologías del pensamiento socialdemócrata, comunista, liberal o cristiano, sino la aniquilación hasta límites insospechados de tendencias o corrientes nacionalistas o asamblearias. A la postre, todo eso conllevaba la defensa desenfrenada de sus candidatos que, en desagravio por el pasado, debían figurar en los parlamentos nacionales o regionales; y a veces, como ha sido el caso de Andalucía, ser decisivos a pesar de haber perdido las elecciones.

Otras veces es lo opuesto al sentido común lo que acaba requebrajando la intención inicial del sistema electoral. Eso es lo que ha ocurrido en Grecia. Resulta que la insistencia legítima del Banco Central de Europa, así como del propio Fondo Monetario Internacional, de que cada santo aguante su vela en un mundo todavía no concertado ha dado pábulo al rechazo global por parte de los partidos minoritarios de un gobierno que pretenda asumir la ley de la razón. Han hecho de su país, sencillamente, un país ingobernable. Son los gajes del oficio cuando se quiere optar por un sistema excesivamente sofisticado; en este sentido, tal vez el sistema simplista de los británicos, de elección mayoritaria por distritos, en el que los partidos mayoritarios difícilmente pueden renunciar a su mayoría puede que sea injusto para las minorías, pero tremendamente eficaz para garantizar las ventajas de un gobierno durante un plazo determinado.

Lo que parece estar demostrando el panorama europeo es una situación en la que -al margen de la mayor o menor sofisticación de los sistemas electorales- acaba imponiéndose el rechazo visceral de los electores a políticas exageradamente unidireccionales. Sobre todo si durante muchos años se abusó de lo contrario; es decir, si se predicó que aquello era Jauja y que, donde se dijo ‘digo’, se dice ahora ‘Diego’.

No es el caso de España. A pesar de la tardanza en aceptar la realidad de que se está viviendo una crisis financiera y de demanda, los llamados recortes para contener el gasto han procurado, simultáneamente, no hipotecar las ansias futuras de crecimiento aumentando, por supuesto, una credibilidad hasta ahora insostenible.

En plena crisis económica es muy fácil predicar el absentismo, la inutilidad del esfuerzo propio en lugar de seguir pidiendo prestado, defender que puede garantizarse un trabajo fijo a todo el mundo todo el tiempo, que la culpa de todo la tienen los ricos. Todo apunta a que países como España saldrán del atolladero porque se habrán creído, de la misa, solo la mitad y de que era del todo punto imprescindible volver a llamar al pan, pan y al vino, vino. Afortunadamente, esta vez no se intenta hacer creer a la gente que las políticas de empleo pueden garantizarse sin las dosis necesarias de recortes.