Los usuarios son los que plantean las peticiones en Change.org y quienes señalan la institución, empresa o persona que tiene competencias para resolverlas. ¿Pero y si se trata de una campaña fraudulenta? Por Ixone Díaz Landaluce

«Los usuarios son los responsables», explica Alberto Medran, su director de comunicación en España. Verificar el origen de las firmas es el otro gran reto. Un sistema de monitorización comprueba la autenticidad de los e-mails y detecta las firmas sospechosas. Medran asegura que los casos de firmas falsas son «insignificantes». Las peticiones pueden ser tan serias como que las mujeres de Arabia Saudí tengan derecho a conducir, y tan surrealistas como la que inició un español para que la tortilla de patatas fuera un emoticono de WhatsApp.

Más de 11 millones de españoles se han sumado a las campañas de Change.org. Casi un millón firmaron contra la reválida de la LOMCE

La propia organización tampoco está exenta de contradicciones. Change.org no es una ONG ni una fundación, sino una compañía privada. Con fines sociales, eso sí. Ofrecen servicios gratuitos (como la puesta en marcha de peticiones) con otros de pago, como las peticiones promocionadas que organizaciones, como Oxfam, usan para conseguir más apoyo para sus campañas. También es controvertido que la empresa esté registrada en Delaware (considerado un paraíso fiscal), a pesar de operar en California. «Que estemos en Delaware no tiene ningún impacto fiscal en la compañía», cuenta Medran, quien afirma que la empresa paga sus impuestos en California.