Las pantomimas democráticas

ARTÍCULOS DE OCASIÓN

Desde hace tiempo venimos insistiendo en que la democracia es una pantomima si no posee instituciones de vigilancia rigurosas y transparentes. La idea de democracia es hermosa y no hay nadie en su sano juicio que ponga en duda su vigencia. Nunca creímos que íbamos a estar rodeados de dictaduras más o menos crueles que utilizarían sin rubor los resortes del mercado libre para perpetuarse y vencer en la economía mundial. Por eso el ideal democrático no puede limitarse al comercio, sino que ha de seguir incluyendo la aspiración a la libertad de prensa, a la elección libre de cargos públicos bajo vigilancia institucional y al respeto a los derechos humanos. Sin embargo, las democracias nunca han estado tan acosadas como lo están ahora. Compiten en condiciones de desigualdad frente a estos regímenes de economía tutelada y comienzan a debilitarse desde dentro cuando son incapaces de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Sería triste ver girar el mundo hacia la negación de las libertades en aras del bienestar y la seguridad, pero este parece ser un signo de los tiempos. Entre otras cosas porque la debilidad de la democracia también reside en que lo sea solo nominalmente, pero no esté ejecutada en toda su complejidad.

En España tenemos varios elementos fundamentales de la democracia heridos de muerte. Uno bien relevante es el que engloba a las televisiones públicas, percibidas por muchos ciudadanos como meras locomotoras de la propaganda del poder. La carencia de pluralidad y de controles daña la credibilidad de los canales autonómicos, y el paso atrás legislativo -al impugnar el gobierno de Rajoy un nombramiento parlamentario mayoritario y consensuado del presidente de RTVE- dañó el concepto de servicio colectivo. La información pública es un derecho democrático, porque equilibra los intereses empresariales en el sector periodístico y cubre parcelas de conocimiento y formación que el negocio desprecia por no ser rentables. Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas es un arma fundamental en nuestro sistema, porque es el órgano fiscalizador del uso que se hace del dinero público. No olvidemos que todas las tramas de corrupción, que en España son millares, se nutren del dinero público para desviarlo a manos privadas. El Tribunal de Cuentas ha sido famoso en los últimos tiempos por ser un recinto salpicado de escándalos de nepotismo, con sentencias a su gestión que descorazonan a cualquier demócrata que aspire a desterrar el nepotismo y la trampa.

Por si eso fuera poco, cada vez que su rigor judicial se aplica sobre los partidos políticos es fácil observar un sospechoso tufo. El último caso afectaba a la infracción contable de dos personas muy relevantes dentro del Partido Popular. Javier Maroto y Alfonso Alonso eran sospechosos de haber alquilado desde el Ayuntamiento de Vitoria un local con sobreprecio. Constaban correos del dueño del local pidiendo aclaraciones por el alto precio que iba a recibir como alquiler, en lo que podría considerarse asombro positivo. Condenados en primera instancia, resultaron absueltos en el recurso. Lo feo es que, de los tres votos implicados en la resolución, dos pertenecían a magistrados nombrados a propuesta de su propio partido. Incluso en el caso de la juez Mariscal de Gante, se trata de una antigua ministra de Justicia durante el gobierno de Aznar. El voto discrepante razonaba la vulneración de la ley y confirmaba la infracción. Pertenecía a un magistrado elegido para el cargo a propuesta de los socialistas. Resultado: 2-1, como si fuera un partido de fútbol.

Si sus simpatías caen del lado conservador, tan afectado puede estar el voto discrepante como los dos votos exculpatorios. Y es cierto. Si sus simpatías son de signo contrario, se preguntará hasta qué punto los cargos políticos pueden ser juzgados por jueces de designación política. Y también es cierto. Resulta incluso un agravio para las dos personas juzgadas que la sentencia sea tan frágil en su credibilidad. Lo que desea toda persona que se somete a un juicio es que la sentencia sea incontestable y la limpieza del proceso esté fuera de toda duda. Y ahí es donde la democracia se fortalecería. Contaminada por el afán de los partidos políticos españoles de someterla a su control, la democracia va hacia la catástrofe.