Concurso público de lavado de manos

ARTÍCULOS DE OCASIÓN

Hace pocas semanas, el Gobierno obligó a los trabajadores de una empresa de seguridad aeroportuaria a suspender su huelga y someterse a un laudo. El intermediario entre los empleados y los empleadores determinó unas mejoras laborales que eran de obligada aceptación. Sin importar demasiado en cómo acaba ese conflicto en particular, lo que llamaba la atención era la incapacidad general para detenerse a reflexionar sobre la hondura del conflicto. Esta propuesta de mediación le sirve al Estado para frenar los conflictos laborales en empresas que son concesionarias de los servicios públicos imprescindibles. Al final, uno imagina que esta es la forma de acabar con largas huelgas en organismos de puertos y aeropuertos, hospitales, recogidas de basura. En todas estas actividades se ha producido antes un concurso público para obtener la gestión, por lo que el Estado es responsable de que se vigile el servicio y que no se prolonguen los paros reivindicativos.

A estas alturas ya sabemos que los concursos públicos para la gestión privada de servicios comunes han sido una puerta rotatoria para grandes escándalos de corrupción. Las contabilidades paralelas de algunos partidos con larga responsabilidad de gobierno nos han enseñado que muchas de las donaciones de empresas para los gastos de las organizaciones políticas venían aparejadas a la victoria en el concurso. Recientemente, en un juicio por esta causa, uno de los empresarios imputados vino a decir que como no ganaba con su empresa ningún concurso público hizo una donación de bastante dinero al partido en el Gobierno autonómico y así empezó a ganar y ganar en esas licitaciones de obra pública y gestión de servicios. Es urgente que la transparencia en esos concursos se imponga de manera indudable y se tranquilice a la sociedad con pruebas incontestables de que esta manera de actuar no va a volver a suceder con la impunidad que ha caracterizado nuestra escena.

Pero más lejos aún queda la duda de si los servicios públicos pueden ser manejados por empresas privadas sin estar siempre expuestos a estos conflictos laborales. Parece razonable que los concursos para la gestión de factores que afectan a toda la población incluyan entre sus bases unas escalas de salario y productividad que impidan que los trabajadores y la empresa terminen en batalla. Bastaría con que el Estado incluyera en el concurso la cantidad de empleados que requiere la labor y el sueldo que tendrán que cobrar; de esta manera, nos evitaríamos la picaresca. Por un lado, los empresarios que ganan un concurso a la baja y luego contratan en precario a todos sus trabajadores, que finalmente atienden mal y desganados a la población. Por otro, meses después, esos mismos empleados aprovechan la necesidad de su labor para desencadenar una huelga que los ciudadanos no pueden ni frenar ni solucionar, pese a la incomodidad que les provoca.

La madre de todo el conflicto estriba en un concepto claro. ¿Quién es el responsable de los servicios imprescindibles para la ciudadanía? Ganar dinero y obtener el mayor beneficio posible es la norma de un negocio privado. Pero si ese negocio se exprime sin competencia a costa de servicios que son necesarios para la población, entonces ya no hay una libertad de mercado, sino diferentes variantes de la extorsión. La vigilancia pública sobre los servicios privatizados es casi siempre nula y distorsionada. Cuando se ha analizado en profundidad, se ha llegado a conclusiones espeluznantes, se han descubierto engaños de diverso calibre, desde depuradoras de agua hasta laboratorios hospitalarios al servicio de lo privado, desde trabajadores explotados en diversos desempeños fundamentales hasta el desprecio al reciclado de basuras tras mucho publicitarlo. No hay manera de empatar la avaricia privada y la satisfacción pública o al menos no se ha inventado aún el mecanismo. Y menos aún en los países como el nuestro, que pertenecen al reino de la picaresca, donde a cada ley de buena intención pública le sigue una pillería adaptada para dar el timo. Quizá el verdadero fraude en este asunto reside en la idea matriz, que el Estado puede lavarse las manos de sus responsabilidades encomendándolas a un intermediario. Tan sencillo como unos padres que contrataran a una empresa para que les críe el hijo. ¿Lo veremos?