¿Qué es lo primero que se debe hacer si se sufre una agresión sexual? En España, para esta pregunta objetiva puede haber 8124 respuestas, el número de municipios de nuestra geografía. Falta un protocolo común. Se lo contamos. Por Priscila Guilayn / Foto: Shutterstock

“Los violadores son depredadores”. Hablan los investigadores

¿Se va primero al hospital o a la comisaría? Depende. ¿A cualquier hospital o a cualquier comisaría? No. ¿Hay un número al que llamar? No, no lo hay. ¿Y campañas informativas? Tampoco. ¿El motivo de tantos interrogantes y negativas? No existe un protocolo común que unifique los pasos que se han de seguir cuando una mujer acaba de sufrir una experiencia tan traumática.

Para las víctimas de un delito sexual se trata de un estrés añadido. Mujeres que después de sentir su cuerpo, su intimidad y su dignidad violentados deben resolver con rapidez una incógnita: «Y, ahora, ¿qué hago?». En 2017, las 4424 mayores de edad que denunciaron crímenes de este tipo, según el Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual, del Ministerio del Interior, pasaron por ese trance. Doce por día. La cifra es demoledora, pero deja inquietantes preguntas en el aire: ¿cuántas desistieron de hacerlo?, ¿cuántas han estado dando tumbos de hospital en hospital, o de comisaría en comisaría, hasta rendirse y volverse a casa sin denunciar?, cuántas no supieron siquiera dónde informarse sobre qué pautas seguir en su ciudad?

EL CASO DE BLANCA: VIOLADA A LOS 19 AÑOS

A Blanca le costó denunciar, pero decidió ir hasta el final. Después, esta joven -hoy con 21 años- compartió con Amnistía Internacional (AI) todas sus dificultades. La entidad elaboró entonces el informe Ya es hora de que me creas, fruto de año y medio de investigación y que revela que lo sucedido con Blanca está muy lejos de ser un caso aislado. «El sistema debería estar pensado para que la mujer se desplazara lo menos posible», dice Virginia Álvarez, responsable de investigación de AI España y una de las autoras del informe.

El sistema debería estar pensado para que la víctima se trasladara lo menos posible. Pero no es así, denuncia Amnistía Internacional, que ha hecho un informe tras más de un año de investigación

Blanca tuvo que desplazarse. Y mucho. Tenía 19 años el día en que llegó a casa con parte de la ropa hecha jirones. Le contó a su madre lo que le había pasado y fueron juntas a la comisaría de su barrio, en Madrid, donde se encontró la primera barrera: no podían registrar allí la denuncia y fueron derivadas a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional (UFAM). Una vez allí vino la segunda dificultad: no dejaron a su madre acompañarla durante un interrogatorio que duró cinco horas, tiempo en que la madre no supo nada de su hija. Al salir de la UFAM, llegó un tercer obstáculo: acudieron al hospital para someterse a un análisis forense y les dijeron que no la podrían atender. En la Policía, nadie las había avisado de que el centro sanitario de referencia ante agresiones sexuales en la capital es el hospital de La Paz. Una vez en La Paz, el médico forense tardó en llegar, aunque el trato fue correcto.

Blanca se puso en marcha nada más ser violada, pero solo recibió atención sanitaria dieciséis horas después. Y, dos años más tarde, denuncia AI, ni la Administración de Justicia ni la Policía la han informado sobre la investigación. «La situación varía en función de dónde esté la víctima -dice Álvarez-. Las respuestas son muy desiguales por parte de los actores implicados. Dependen más de la sensibilidad de la persona que te toque que de una formación adecuada».

Las respuestas, además, están condicionadas sobre todo por la denuncia. Blanca tuvo claro desde el minuto uno que iba a denunciar, pero muchas mujeres necesitan tiempo antes de decidirse. «Llegan asustadas, con la mirada triste -revela Ana Martínez Virto, presidenta de la Comisión de Violencia del hospital de La Paz-. Muchas transmiten culpa, un sentimiento muy generalizado que hay que intentar diluir dándoles el mayor confort posible».

violaciones, exploracion medica

Los protocolos de atención a víctimas de agresión sexual, sin embargo, solo se activan supeditados al parte policial. Sin la denuncia, no se ‘acciona’ al médico forense para que recoja muestras. «No actuamos motu proprio, solo bajo la orden del juez, del fiscal o de los encargados del Registro Civil», puntualiza Emilio Donat Laporta, director de la Clínica Médico Forense de Madrid, que participa en la elaboración del primer protocolo de su comunidad autónoma. «La obligación de que la víctima denuncie para que el crimen sea perseguible es el punto más criticado -admite Donat-. Es algo que contempla el artículo 199 del Código Penal y que se está intentando solventar».

La intención, según Martínez Virto -que también forma parte del grupo de trabajo del nuevo protocolo-, es «humanizarlo para que la víctima pase por el mínimo de pasos posibles». Se estudia, por ejemplo, cómo evitar que tenga que desplazarse. «La idea es que, en una primera declaración en el hospital, estén presentes la Policía, el jefe de guardia y el forense. Luego se recogerían las muestras pertinentes y se la atendería. Enseguida, la Policía le tomaría una declaración más larga y detallada para la investigación policial», avanza la doctora. La expectativa, anuncia, es tener el documento listo antes de marzo para ser sometido al Consejo de Ministros y tramitarse después en el Congreso.

«Necesitamos un marco estatal que garantice una asistencia adecuada independientemente de dónde se halle la víctima -abunda la investigadora de AI-. No podemos depender de legislaciones autonómicas». De hecho, Álvarez evita hacer un ranking de la atención por comunidades autónomas, ya que las mejores en algunos aspectos desatienden otros. «El País Vasco tiene muchas normas, pero a la hora de la verdad la respuesta que da a las mujeres no es la que refleja esa normativa -ilustra la investigadora-. En Andalucía, el asesoramiento de las víctimas es más avanzado, mientras que en Galicia apenas se presta atención a la violencia sexual».

PRIORITARIO: LAS VÍCTIMAS, NO LOS PROFESIONALES

Lo cierto es que las diecisiete comunidades autónomas cuentan con legislación que incluye la violencia sexual, pero solo cinco -Asturias, Baleares, el País Vasco, La Rioja y Navarra- tienen protocolos de coordinación interinstitucional. Además, únicamente la mitad de las comunidades autónomas ha invertido en campañas de prevención y sensibilización, y apenas cuatro -Andalucía, Aragón, Asturias y Castilla y León- elaboraron guías de actuación. «Lo importante es que al hacer políticas públicas no se priorice la organización de los profesionales, que es lo que suele ocurrir -acentúa Álvarez-. Hay que pensar en la víctima».

La cuestión es que, incluso con víctimas indecisas a la hora de denunciar, la atención debería ser integral e inmediata, ya que luego podrá ser demasiado tarde para recoger las muestras. «El testimonio es fundamental, pero hay muchas mujeres que no hablan todo lo que debieran sobre los hechos -explica María Jesús Juárez, jefa de Área de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de la Comunidad de Madrid-. Para una defensa jurídica completa, con las pruebas bien armadas, lo adecuado es acudir al hospital justo después de la agresión».

El tiempo es fundamental. Dependiendo de los protocolos, los forenses no suelen recoger estas muestras cuando han pasado más de siete días de una penetración vaginal con eyaculación, o tres si es anal o bucal; el mismo plazo que rige para muestras de material en la piel de la víctima o sugilaciones (chupetones). Los vestigios bajo las uñas, a consecuencia de maniobras de defensa por parte de la víctima, permanecen más tiempo y, aunque se recojan pasadas 72 horas, lo ideal es que la toma sea lo más precoz posible, como en todo lo demás, para que las pruebas no se pierdan o se adulteren. «Las necesidades fisiológicas, por ejemplo, son inevitables, pero debemos saber cuántas veces ha ido al baño antes de tomar la muestra. Es importante documentarlo», indica el director de la Médico Forense.

LAS MUESTRAS SE TOMAN POR DUPLICADO

Lo recomendable es que después de una agresión sexual la víctima no se cambie, no se duche, ni siquiera se limpie y que lleve una muda al hospital. «Si no se ha cambiado, nos quedamos con la ropa para ver si hay semen, sangre o células biológicas -explica Donat-. Y si está rota o rasgada nos interesa mucho, porque revela cómo puede haber ocurrido la agresión. Por ejemplo, mediante maniobras de sujeción o empleando algún tipo de arma blanca».

La exploración física llega tras una anamnesis -conjunto de datos que se recogen de un paciente- ante el jefe de guardia del hospital y el forense, que preguntan a la víctima qué ha sucedido, cuándo y qué ha hecho posteriormente. Solicitan entonces su consentimiento para las diferentes fases del reconocimiento y recogida, por duplicado, de muestras. Estas son entregadas a la Policía, que preserva la cadena de custodia para que tenga validez legal. Son muestras de sangre, boca, superficie corporal, uñas, genitales internos y externos y se recogen, además, salvaslips o preservativos, si los hay. Se le realiza después un lavado vaginal, bucal y rectal y, si el forense lo considera necesario y la víctima consiente, se puede solicitar que la Policía entre en la sala para sacar fotografías, que se adjuntan al expediente.

“Hemos detectado un aumento importante de sustancias como la burundanga, que anulan la voluntad de la víctima”, dicen en el hospital La Paz

«La exploración minuciosa es una situación muy brusca para la víctima. Sabemos que en ese momento la estamos victimizando y procuramos victimizarla lo menos posible -reconoce el forense-. Por eso intentamos unificar en un solo acto todas las intervenciones médicas y forenses».

UN CHUTE HORMONAL SE SUMA AL CAOS EMOCIONAL

Antes de todo este proceso se somete a la víctima a un test rápido de orina y a la prueba de la beta-hCG, para certificar que no hay embarazo previo y ofrecerle anticoncepción poscoital. La analítica de orina se conserva para estudios toxicológicos. «En los últimos tiempos hemos detectado un aumento importante de la sumisión química, el uso de sustancias como burundanga, ketamina…, hay cerca de cuatrocientas, para anular la voluntad de la víctima -advierte la presidenta de la Comisión de Violencia del hospital de La Paz-. Sus efectos duran de seis a doce horas y hay mujeres que llegan sin saber qué les ha pasado».

Martínez Virto subraya, además, que en función del tipo de agresión se suministra también la profilaxis posexposición contra el VIH y un fármaco preventivo para otras enfermedades de transmisión sexual. Un chute hormonal al que se une el torbellino emocional por haber sido víctima de una agresión sexual. «Una violación es una amenaza a la integridad, a la salud, a la vida, a la que el organismo responde con pánico -explica la psiquiatra Lluïsa García-Esteve, presidenta de la Comisión de Violencia del Hospital Clínico de Barcelona-. Aunque ese pánico no siempre se manifieste. Un observador puede no notarlo porque la víctima suele quedar en shock, paralizada».

La reacción inmediata puede incluso ser nula o fría, pero al cabo de un mes, dos, seis… aparece. Razón por la que se suele hacer a la víctima un seguimiento psicológico o psiquiátrico, que puede venir acompañado de tratamiento con ansiolíticos y antidepresivos. «La agresión sexual no te deja en paz -resalta la psiquiatra García-Esteve-. Se manifiesta en forma de estrés postraumático, episodios depresivos o problemas de conducta como miedo a salir de casa, inapetencia, insomnio, beber más, fumar más, pudiendo llegar incluso a autolesiones e intentos de suicido. Secuelas que la víctima puede no asociar con lo que le ha pasado».

Evitar que otras mujeres pasen por todo este sufrimiento suele ser la gran motivación de las víctimas que denuncian. «Muchas comentan que si fuera solo por ellas no lo denunciarían, por no meterse en todo ese jaleo -cuenta García-Esteve-, pero lo hacen. Por solidaridad».

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