Según la ministra de Trabajo, no existen. Por eso se llaman a sí mismos ‘los invisibles’. Miles de personas afectadas por ERTE COVID-19 no han cobrado su prestación. ¡En siete meses! Chocan cada día contra el muro del SEPE, un organismo colapsado ante la gestión de más de siete millones de expedientes. Por Fernando Goitia / Fotografías: Carlos Carrión
• Afectados por el ERTE COVID-19: las voces de ‘los invisibles’
Durante meses Julia Zafra, se despertaba con un claro objetivo: comunicarse con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Empleada de un bar de Barcelona, en ERTE desde abril, quería saber por qué no le pagaban su prestación. «Necesita ir a una oficina con cita previa», le decían en respuesta automática los e-mails que enviaba al SEPE. Lo intentaba cada día, accediendo a la web del organismo, colapsada en los primeros días de la pandemia de forma recurrente, y sobre todo llamaba, llamaba, llamaba… «Para que te hagas una idea –cuenta–, me ponía a hacer la comida y marcaba el 900 ese; lo dejaba en manos libres, cocinaba, comía y la musiquita esa de los cojones seguía sonando. ¡Y así cada día!».
Sus ahorros, mientras tanto, se esfumaban y las facturas sin pagar se acumulaban, supeditado su sustento a la generosidad de familia y amigos. Finalmente, Julia consiguió su cita. Para el 29 de septiembre. Seis meses en ERTE después. «La mujer que me atendió encontró mi expediente, lo revisó y me dijo: ‘Todo está en orden, le pagarán el mes que viene’. ¡Se me quedó una cara! Simplemente, nadie lo había tramitado».
La medida, celebrada de forma unánime y a la que se han acogido cerca de 3,4 millones de personas, ha generado, sin embargo, un caos burocrático sin parangón y miles de damnificados.
El caso de Julia muestra el atasco reinante en el organismo encargado de tramitar los ERTE COVID-19, herramienta en la que el Estado ya ha consumido más de 24.000 millones de euros y que obliga a las empresas beneficiarias a mantener el empleo por seis meses. La medida, celebrada de forma unánime y a la que se han acogido cerca de 3,4 millones de personas, ha generado, sin embargo, un caos burocrático sin parangón y miles de damnificados.
Son los llamados ‘invisibles’, personas cuya documentación ni siquiera ha sido procesada; a los que se suman muchos ciudadanos cuya prestación ha sido congelada. «Si, por ejemplo, tienes una baja médica, el expediente se complica –señala Pablo Roberto Herrero, presidente de la firma de abogados RBH Global, que ha dado cobertura jurídica a más de 3000 afectados–; también si tu empresa te cambia el porcentaje del ERTE, si tienes reducción de jornada por guarda legal, si no te han puesto bien el número de hijos, si trabajas en fin de semana… En cuanto te tocan el expediente o este conlleva alguna complicación, ya te puedes armar de paciencia».
A estos ‘invisibles’ armados de menguante paciencia les pone número el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, que son quienes preparan los expedientes que las empresas envían al SEPE. Según sus cálculos, hay aún cerca de 100.000 casos por resolver –no cuentan los expedientes ‘congelados’ por errores, que nadie sabe cuántos son–, aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegurara en julio haber resuelto y abonado todos los ERTE, y su ministerio reafirma a XLSemanal que «no hay expedientes colectivos sin reconocer».
Afirmación que desmiente Jairon Pérez, empleado de una empresa de mudanzas en Barcelona, a quien la pandemia sorprendió de baja por paternidad. «Me reincorporé en abril, en ERTE, y aún no he cobrado. Llevo meses intentando averiguar por qué: por teléfono, e-mail, les informé por la web…, pero nada. Y todo con una bebé y un chico de 15 años; ya hemos pedido ayuda a Servicios Sociales».
Mi reino por una cita previa
Ante el colapso de los canales telefónicos y telemáticos del SEPE, obtener una cita previa se ha convertido para muchos en condición sine qua non para salir del laberinto. Un reto, por lo que cuentan, de homéricas proporciones. «La web no proporciona citas para muchas oficinas, nadie responde a los e-mails ni al teléfono ni a los formularios de la web, y al que consigue cita se la dan para dos o tres meses después», señala Carmen Pérez, presidenta de la Asociación de Afectados por Impago de Prestaciones COVID-19 (AFIP COVID-19). Y, para colmo de despropósitos, ya se han detectado casos de aprovechados que consiguen citas para venderlas.
Carmen Pérez. Presidenta de la Asociación Afectados por Impago de Prestaciones COVID-19 (AFIP COVID-19)
Al otro lado del mostrador, Manuel Galdeano, coordinador nacional en el SEPE del sindicato CSIF, mayoritario en el organismo, admite sin ambages que han sido sobrepasados por la avalancha. Circunstancia que no le sorprende en un organismo que, según el CSIF, ha perdido 3500 trabajadores (1800 es la cifra que da el Ministerio de Trabajo) en diez años. «Nos habrían venido de maravilla ahora –dice–. Porque esto no han sido solo ERTE. Con la pandemia, el Gobierno aprobó siete medidas extraordinarias de protección del empleo que han supuesto 7,5 millones de expedientes solo para nosotros. Y en abril éramos poco más de 6000 empleados ante todo eso. Algo demencial. La carga de trabajo en Madrid y Barcelona, según un estudio que hemos hecho, subió más del 800 por cien, y en Baleares hasta el 1279 por cien. Hicimos horas extras y fines de semana sin parar, hasta que se cortaron, el 1 de julio, por el gasto que suponían».
El ministerio incorporó poco a poco a otros 1000 empleados –«son interinos y sin experiencia en tramitación de prestaciones», reclama Galdeano– y hay otros 500 en proceso de incorporación. Cifras insuficientes para el representante del CSIF. «Si contamos nuestras 711 oficinas de atención presencial, 52 de atención telefónica, 52 direcciones provinciales y la central, nos sale a 1,2 incorporaciones por unidad de servicio. No me parece un apoyo muy decidido».
A la falta de personal, además, se suma una obsolescencia tecnológica que clama al cielo. «En el SEPE hay aplicaciones informáticas que datan de los años ochenta –afirma Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC.OO.–. En el aspecto tecnológico está muy por debajo del resto de la Seguridad Social, porque para ningún gobierno ha sido una prioridad».
Una obsolescencia que padece Ángel García, de Málaga, con dos hijos de 9 y 5 años. Su prestación fue suspendida en julio y en su oficina del SEPE le dijeron: «No podemos resolvérselo. Hay que enviar su expediente a Madrid para que lo corrijan a mano». Él, incrédulo, sigue esperando, sostenido por familia y amigos.
La mujer que desnuda al SEPE
Los testimonios como los de Ángel García o Jairon Pérez abundan (XLSemanal habló con más de 20 afectados en situación similar al elaborar este reportaje), pero ninguna historia desnuda las carencias del SEPE como la de Paola Seregni, creadora en Twitter de la plataforma Afectados ERTE y una referencia para muchos ‘invisibles’.
Seregni, empleada en ERTE de una empresa de organización de eventos, lleva meses usando una línea directa con la dirección del SEPE para facilitar el trámite a personas en situación de vulnerabilidad. «Abrí la cuenta de Twitter para informarme y solucionar mi situación, porque estuve sin cobrar hasta julio –detalla–, pero, al ver que la gente hacía preguntas y contaba sus casos, me puse a tuitear etiquetando al Gobierno y a políticos. Y, de pronto, un día, en mayo, me contacta Gerardo Gutiérrez Ardoy, director general del SEPE. ‘¿Quieres colaborar con nosotros identificando los casos más vulnerables para solucionarlos?’, me preguntó». De la noche a la mañana, Paola se puso, dice, «a pescar personas vulnerables en la Red».
«Al SEPE, como a la Sanidad, se le han visto las costuras en esta crisis, sus fallos estructurales. Y espérate porque ya nos viene la segunda oleada», Paola Seregni
Abrió una cuenta de e-mail a la que llegaban unos 250 mensajes diarios. «Eran sobre todo familias de clase media-baja que nunca se habían visto tan al límite –prosigue–: uno que vendió el coche para dar de comer a sus hijos; otra que fue con sus niños al comedor social por primera vez; la que tenía la cuenta corriente a cero; una mujer que huyó de su pareja porque la maltrataba…». Creó así el Formulario de los Invisibles, una lista que enviaba a diario a Federico Muñiz, subdirector del SEPE. Con el tiempo, la frecuencia se hizo semanal y en julio, cuando a los ‘invisibles’ comenzaron a sumarse personas que dejaban de cobrar, la rebautizó como el Formulario de los Invisibles y los Errores. «Al SEPE, como a la Sanidad, se le han visto las costuras en esta crisis, sus fallos estructurales –concluye–. Y espérate porque ya nos viene la segunda oleada».
El lenguaje epidemiológico remite a la prórroga de los ERTE aprobada por el Gobierno hace unas semanas hasta el 31 de enero. Decisión considerada de forma unánime como positiva para el empleo y la economía, pero que, advierte Fernando Santiago –presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos–, someterá al SEPE a un nuevo sobreesfuerzo con daños colaterales para los ‘invisibles’.
Del ERTE al ERE
«Los nuevos ERTE incluyen exenciones muy ventajosas en las cuotas de la Seguridad Social, por lo que muchas empresas querrán acogerse a esta modalidad –explica Santiago–. Según nuestros cálculos, serán de 1,5 a 2 millones de expedientes. Es decir, una nueva avalancha para el SEPE cuando aún no han cerrado la primera. Y a las personas que no cobran les van a hacer, como a todos, nuevos expedientes, dilatando aún más la resolución de sus impagos. Podrían dejar que las empresas en ERTE se acogieran automáticamente al nuevo régimen y facilitar la vida a todos, pero los políticos, ya se sabe…».
Si no se toman medidas ya el cierre masivo de pymes puede sumar más de dos millones de desempleados de los que nadie habla, Fernando Santiago
El colapso, por otro lado, advierte Manuel Galdeano del CSIF, ya se está cobrando una víctima colateral: el resto de las prestaciones por desempleo. En especial la del paro, al que ya empiezan a transferirse cada vez más trabajadores que pasan del ERTE al ERE. Esto es, al despido. Como Raquel Umpiérrez, de Lanzarote, en ERTE hasta agosto. Su empresa recuperó entonces la actividad y, al cabo de unos días, se declaró en quiebra. «Yo debía empezar a cobrar el 22 de ese mes –cuenta–, pero en la web me sale lo que a mucha gente en ERTE: ‘baja por colocación por cuenta ajena’. En el SEPE ya me han confirmado que es un error, pero en la única oficina que hay en Lanzarote es imposible conseguir cita y tengo que ir a otra isla, algo que no me puedo permitir. No sé cómo voy a vivir».
Raquel es el paradigma de un «terremoto inminente», en palabras de Fernando Santiago, ya que, incluso con ayuda de los ERTE, «cada vez cierran más comercios, aumentan los impagos, se solicitan más desahucios y, nos advierten los abogados concursalistas, en diciembre se empezarán a presentar masivamente concursos de acreedores. Si no se toman medidas ya –prosigue–, el cierre masivo de pymes puede sumar más de dos millones de desempleados de los que nadie habla. Calculamos que se superará por mucho la barrera de los cinco millones de parados, quizá cerca de siete».
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