Un año después de la creación de los juzgados especiales para resolver los pleitos por las cláusulas suelo, jueces y funcionarios no dan abasto. Los afectados, mientras tanto, se desesperan. El Supremo les ha dado la razón, pero sus causas se eternizan. Por Carlos Manuel Sánchez

Juan Antonio Lozano, como magistrado de la Sección Primera de la Audiencia de Almería (Segunda Instancia), resuelve los procedimientos de cláusulas hipotecarias abusivas recurridos por los bancos

COLAPSO

«La avalancha era previsible y lo mejor hubiera sido diluirla. Es decir, que los juzgados de Primera Instancia se encargaran directamente de estos procedimientos, que no son complicados. Los criterios, sobre todo los de las cláusulas suelo, están ya establecidos y asumidos. Desde Juezas y Jueces para la Democracia, siempre nos opusimos a estos 54 juzgados ‘bis’».

JUECES NOVATOS

«La gestión del personal también ha sido mala. A estos juzgados ‘bis’ se han destinado jueces recién salidos de la escuela judicial, cuando deberían tener experiencia para dar velocidad a los procedimientos. Además, a las nuevas promociones se las condena por un tiempo a tratar solo estos asuntos».

CULPABLES

«Se culpa al Gobierno por no establecer las medidas adecuadas para resolver esto. Y sí, fue un error crear estos juzgados, pero el problema está en las entidades bancarias, con sus nombres y apellidos, que pese a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE recurren de forma sistemática».

SENTENCIAS

«Estamos en una fase de crecimiento exponencial de procedimientos. El objetivo no se está cumpliendo. Los ingresos se cuentan por decenas de miles. Llegará un momento en que dejarán de entrar demandas y, cuando esta curva llegue a la cúspide, supongo que el Consejo General del Poder Judicial tomará medidas para afrontar el colapso, este tapón, esta masa de procedimientos. Cada juez, en su destino, puede sacar alrededor de 300 sentencias anuales en primera instancia y otras 200 en segunda. No se puede esperar mucho más que eso. Son bases estandarizadas, admitidas también por la Unión Europea».

ANDALUCÍA

Comunidad con más demandas registradas (44.134) y apenas 2369 sentencias.

«Somos la comunidad autónoma más poblada y contamos con un parking inmobiliario y una cartera hipotecaria muy amplios que han dado lugar a un colapso. Si nos comparamos con la Comunidad de Madrid, ellos, sin embargo, lo tienen peor. Los procedimientos en Andalucía se diluyen en ocho provincias con población más o menos a la par. Pero en Madrid todo se concentra en dos juzgados: el 101 Bis, de Primera Instancia, y la Sección 28 B de la Audiencia Provincial, de segunda».

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