Faltar a clase

Artículos de ocasión

Degradar a la Universidad Rey Juan Carlos hasta convertirla en la Botswana University fue la estrategia del PP para salvar a sus significados líderes del escándalo por un máster fraudulento. Resistir era la consigna. Acorazarse, la única moral para conservar el poder. En aquellos días, que pronto serán olvidados sin que se haya escarbado hasta saber cuántos títulos andan regalados en las vitrinas de próceres, se intentó llegar a entontecer a la gente hasta el extremo de pensar que profesores, catedráticos y rectores falsificaban documentos oficiales por gusto, sin que hubiera existido coacción interesada ni mentira pública. Tiene una retorcida gracia que ese máster universitario tan famoso versara sobre derecho autonómico. Porque la gran tragedia de nuestro país, además de la corrupción amparada en los recovecos del poder, es la falta de lealtad para aplicar esa descentralización de manera efectiva y honesta por parte de unos y de otros. En el máster mencionado se estudia la cooperación institucional y el concepto constitucional de autonomía local. Sería fantástico que los políticos que se matricularan en estas materias acudieran a clase y estudiaran en serio. Pero no, prefieren la orla decorativa al valor del contenido intelectual.

Esta última deriva es la que más afecta a la sociedad porque, en consecuencia, los valores universitarios han quedado maltrechos. No dio apenas tiempo a recuperarse del desprestigio de una universidad cuando ya había surgido la duda sobre los métodos por los que otro político destacado había obtenido por conducto privado aprobados en catorce materias de derecho en cuatro meses. Docentes y alumnos en activo se echaron las manos a la cabeza, pero la actualidad política funciona con un ritmo propio. No hay perspectiva, no hay apuesta de largo plazo, todo se ha de consumir a bocados. Los medios se han habituado a servir un menú de comida rápida y la sociedad, en todas sus vertientes, ha decidido instalarse en el recurso del usar y tirar. Y así se usan y se tiran desde los asuntos más graves hasta las personas más relevantes.

Pero en la estela de todos estos episodios quedaba aún la cita anual de los jóvenes españoles con su examen de selectividad. Para terminar de enfangar el prestigio universitario, la prueba en Extremadura hubo de repetirse por algo que venimos denunciando desde hace años sin apenas eco. La tremenda falta de fiabilidad de las nuevas tecnologías cuando hablamos de voto, control, participación ciudadana. El grado de manipulación al que están sometidas muchas de esas tramitaciones debería escandalizarnos. Ahora lo han pagado unos alumnos inocentes que han debido enfrentarse a la repetición del examen más importante de su vida, pero en todos los ámbitos despreciamos la nula seguridad con que se manejan las tecnologías y la amenaza constante a nuestra privacidad, al control de nuestros datos y a la intervención sobre elementos tan decisivos como la opinión pública por parte de salteadores de redes. Un nuevo modelo de criminal que reproduce a los asaltantes de caminos que antes desvalijaban las diligencias y ahora desvalijan sin pudor en el contexto hipercomunicado de nuestra época.

Quizá la Universidad sea el mejor sitio para que se hayan producido todos estos acontecimientos arracimados de las últimas semanas. Nos debería inducir a una reflexión más profunda. Quienes se niegan a someterse al esfuerzo intelectual de estudiar para sacarse los títulos no pueden salir impunes. Gente que miente en su currículum, encarga trabajos, compra favores y falsea las diplomaturas merece un castigo acorde con el daño que provoca. El hundimiento del prestigio académico no es una anécdota, desemboca en una sociedad podrida. Instala la percepción de que el dinero y los contactos son más decisivos que la potencia del estudio. Es algo que proviene del modelo mercantilista de una Universidad de élite donde el que paga manda, como sucedía con aquel hijo de Gadafi al que la London School of Economics no solo le hacía los trabajos, sino que le regalaba la titulación más alta a cambio de donaciones de dinero. Convendría desarrollar una unidad de policía con conocimientos para encarar este desastre. Nada perjudica más a una sociedad que lo que perjudica de manera directa al valor educativo.