El truco del reparto

Artículos de ocasión

Tras apreciar las medidas casi instantáneas que aplicaron los partidos conservadores en los gobiernos regionales de Madrid y Andalucía al llegar al poder, convenía una reflexión pausada. El elefante sigue destrozando la tetería sin hacer ruido. Esas medidas tuvieron que ver con las máximas económicas que han marcado para mal el cambio de siglo. La falta de respaldo a las desigualdades sociales, especialmente las que marcan el designio cada vez más penoso de la educación, el transporte y la salud pública, se unió a decisiones que premian los privilegios de las clases altas, con la reducción de impuestos y el abaratamiento del trámite en las sucesiones y herencias. Este último es un asunto doloroso sobre el que España se ha negado a deliberar en la arena pública. El sobreuso de los baremos económicos deshumanizados se une a la potencia de un nacionalismo local que, en las regiones más ricas del país, sigue demasiado asentado sobre el poderío de las familias más pudientes y las empresas afines. De esta manera, algunos no han dejado de progresar desde la llegada de la democracia, mientras otros se han estancado definitivamente.

La más dolorosa de estas medidas tiene que ver con la implantación de una desigualdad de nacimiento que prorroga sin fisuras la suerte de algunos sobre la mala suerte de los demás. Riquezas desmesuradas siguen concentradas en pocas manos, y el negocio bursátil perpetúa que sea más interesante vivir de las rentas que de la creación de empleo y la circulación del capital. Esto es lo que aumenta la tragedia del empleo en España, donde ni siquiera en momentos de bonanza abandonamos la barrera del quince por ciento de paro entre la población activa, un misterio que nadie se atreve a resolver. Para hacerlo, habría que ser honestos en lo intelectual, y eso es un pecado que nadie se atreve a cometer. La herencia es un derecho familiar, pero nada impide que el Estado trate de ejercer sobre su cadena de privilegio algún mecanismo corrector, que además sea popular y no entendido como una forma de castigo. Los balances contables del país son de echarse a temblar, y pensar en las generaciones futuras y su pérdida de igualdad es la tarea de los políticos actuales.

Cuando el Gobierno madrileño anunció con pompa su rebaja impositiva para presumir de la potencia económica de la capital incurrió en dos incoherencias. La primera es la de romper con su discurso oportunista de la desigualdad económica entre regiones, que solo usan para atacar a las comunidades ricas donde no gobiernan, como puede ser el caso vasco o catalán. Ahí les parece interesante hablar de igualdad y denunciar privilegios. Pero en las regiones ricas donde gobiernan ellos aplican una política vil para con sus convecinos, robando empadronamientos y empresas a regiones del entorno con políticas de premio a los ricos. La segunda incoherencia es que rehúsan mirar a los problemas de desigualdad en su propia región madrileña. Es la comunidad con mayor escalón social y donde un millón de personas viven al borde de la exclusión. Por un lado se beneficia del ritual capitalino de burócratas e instancias gubernamentales, pero por otro abandona el cuidado de la gente más joven y desfavorecida, que penan por vivienda digna y recursos mínimos mientras ven crecer la riqueza de una élite sorda.

Podría ser interesante que, ante estos casos de elocuente desigualdad en los impuestos locales, el Gobierno central tomara medidas correctoras. E impusiera sobre ese desatino algún tipo de compensación para frenar el agravio. Lo que se ahorran en impuestos regionales cargarlo en impuestos nacionales. Sería lo más inteligente si apreciamos la irresponsabilidad de políticos locales que premian al privilegiado mientras las cuentas de la Seguridad Social nacional arrojan una deuda insostenible al corto plazo. El fracaso del estado del bienestar está asentado sobre la desigualdad y sobre la cada vez más precaria consolidación del ascensor social. En España, durante años, los hijos de gente humilde alcanzaban gracias a la gratuidad escolar un escalón más alto para progresar en familia. Hoy eso ya no pasa. Los estudios superiores no garantizan esa gratificación. Y hay gente que culpa de eso al sistema escolar o a la falsa crisis mundial. En absoluto, la razón principal consiste en la protección de los privilegios y en la fiscalidad ajena a la corrección de la desigualdad.