Cerrar la puerta al lobo feroz

Artículos de ocasión

Para muchos ciudadanos, agotados de la trifulca política que se vive en España, ha pasado desapercibida la resolución del organismo de Competencia europeo que impide la fusión de los gigantes Siemens y Alstom. Esta entente francoalemana se presentó como una de las más ambiciosas uniones productivas de la industria europea ferroviaria. A raíz de la decisión de las autoridades de la Competencia, con la comisaria Margrethe Vestager a la cabeza, se ha vivido una de las campañas políticas más brutales que se recuerdan, con ataques directos contra la independencia institucional de la Unión Europea. No es habitual escuchar a los presidentes de Francia y Alemania rabiar contra las decisiones comunitarias. De hecho, gracias a la intoxicación causada por el movimiento a favor del brexit y por las cada vez más numerosas voces antieuropeas que se han abierto camino en la opinión pública del continente, empezaba a calar el mantra de que franceses y alemanes lo deciden todo en Europa. Pues bien, he aquí un ejemplo de lo contrario, una demostración de que la Unión Europea puede ser un mecanismo de salvaguarda y protección mucho más poderoso que el paraguas chovinista de la propia nación contra todos.

Al contrario de lo que pretendían las grandes firmas industriales, la autoridad de la Competencia les recuerda que el peligro de su unión de intereses ferroviarios no radicaba en la potencia obvia del negocio, sino en la desaparición de un elemento vital en el mercado libre: la diversidad de ofertas. Estamos acostumbrados en los últimos años a aceptar los monopolios más enormes que jamás se han conocido en la historia del hombre. Según algunas encuestas recientes, lo que se ha dado en llamar GAFA, que es la unión de Google, Amazon, Facebook y Apple, es considerada por dos tercios de los europeos como una organización más poderosa que la propia Unión Europea. En el descontento de muchos ciudadanos anida la certeza de que los gigantes tecnológicos se han hecho con el mercado y la ley. Ha sido así gracias a una elusión fiscal sin precedentes que vacía de recursos a las naciones en beneficio de un nuevo poder devorador. Estas empresas no son creadoras de empleo ni de vinculación al territorio con la suficiente categoría numérica como para compensar el daño, así que la reacción mayoritaria es la de sentirse desprotegido y expoliado. La consecuencia directa de ese estado de ánimo es prestar oído a los discursos esencialistas del populismo oportunista, la vuelta atrás, el reaccionarismo.

Por eso, la decisión del organismo de Competencia de vetar la fusión de gigantes como Alstom y Siemens es tan importante. Como lo es la nueva directiva sobre derechos de autor en la Red, pese al ataque brutal que está recibiendo desde, otra vez, el GAFA, que ha contaminado la impresión de los ciudadanos, haciéndoles creer que se atenta contra su libertad, que no van a poder colgar vídeos bailando Despacito y otra serie de mentiras adecuadas al consumidor ingenuo. Tan solo trata de limitar en parte el robo que padecen las empresas periodísticas y las productoras de contenido creativo a manos de las cuatro grandes firmas tecnológicas. No es casualidad que estas marcas lideren los ingresos en Bolsa y que sus fundadores, todos ellos norteamericanos, se hayan convertido en las mayores fortunas del planeta sin pestañear. Algo muy similar hemos vivido con la batalla entre el taxi tradicional y el coche con conductor. La opinión pública se ha visto manipulada por un frentismo necio entre lo viejo y lo nuevo. Puede que lo viejo sea la consideración laboral, la prudencia financiera y el intento de frenar los monopolios, pero bendita senectud mental frente al delirio presente. Cada día más fortunas personales se alzan en agravio frente al empobrecimiento de las clases medias. La desigualdad no es solo un accidente ideológico en el que las élites imponen sus criterios fiscales. Esto puede ser evidente en Andalucía, donde al alcanzar el Gobierno un tripartito conservador la primera ley que se corre a dictar es la que reduce el impuesto sucesorio para premiar a las grandes fortunas familiares de esa región. La desigualdad también es el efecto de un nuevo empresariado rapiñador que se salta todas las regulaciones, atentando sin mesura contra aquello que huela a servicio público, a intervención estatal o a riqueza colectiva.