Sin techo, no hay ley

Artículos de ocasión

En la República Checa conocí a unas familias que vivían aterradas al saber que la propiedad de sus casas había pasado a manos de una empresa llamada Residomo. Se trata de una filial de Blackstone y solo en ese país es dueña de más de cuarenta mil hogares. Es una licencia llamarlos ‘hogares’, porque tan solo son eso para quienes viven en el interior. El propietario la maneja como mercancía, propiedad con la que especular. El drama de esas familias me recordó de inmediato a la ciudad de Madrid cuando el Ayuntamiento de Ana Botella se deshizo de miles de viviendas de protección oficial y las vendió a bajo precio a la misma especuladora. Es un caso que llegó a la opinión pública gracias a la resistencia de los inquilinos. Durante algunos años pareció posible que se detuviera ese proceso y los culpables políticos pagaran por su descabellada acción. Pero una vez más los tribunales locales, controlados por el poder político, frenaron cualquier reacción, cualquier multa, cualquier control. Se calcula que Blackstone posee en España más de cien mil viviendas en propiedad controlada, sobre todo en Cataluña.

Durante los años más duros de la crisis, algunas administraciones locales procedieron a salvar sus cuentas con la venta del patrimonio público. La vivienda fue el elemento más débil y del que primero echaron mano. Para un político incapaz y nombrado a dedo es lo más fácil. Carente de experiencia de gestión, como son gran parte de los que llegan al poder en nuestro país, amparados en la vida de partido, cuadrar las cuentas es una obligación que cumplen con pereza. Lo hacen sin el mínimo decoro y sin poner en primera línea a las personas. Por eso, se cometen tropelías que la lógica moral no puede comprender. Vender viviendas de protección oficial a fondos buitres es como vender las camas de hospital a extorsionadores de alquiler. La misma asquerosa dinámica que salpica ahora a familias sin poder adquisitivo; y como la gente humilde no cuenta con jefes de prensa, sus vicisitudes resultan invisibles para la mayoría de la población. En el drama de la vivienda, nadie ha tenido arrojo para regular el mercado con alguna precisión. La única medida razonable tiene que ver con el manejo del suelo público y la creación de un parque de vivienda protegida. Solo los ayuntamientos con cierta humanidad han dado prioridad a este recurso.

Lo que resulta sorprendente es que la legislación permita que una sola empresa maneje ese número de viviendas. Se trata de una especie de monopolio disfrazado que afecta de manera directa a miles de familias. En la Constitución se recogen algunas de las ventajas que tiene ser español. No solemos fijarnos en ellas, pero su articulado compromete a las más altas instancias del Estado. Una de las obligaciones tiene que ver con la vivienda. Difícilmente podremos hablar de país cuando no está garantizado el lugar donde vivir a su población. El techo no es negociable. Y, por ello, la explotación de los recursos por parte de empresas de una fría brutalidad resulta más chocante aún. Es urgente revocar esos abusos. Durante algunos años se pensó que los tribunales, con una aplicación rigurosa de los derechos ciudadanos, serían capaces de parar este expolio. Pero no ha sido así. Es muy complicado contraatacar a quien se protege con ejércitos de abogados especializados y quien domina los fondos de dinero para influir en el poder.

Pero ha llegado la hora de quitarse la máscara y colocar la garantía de vivienda en primera línea de conflicto. Hace poco hemos sabido que en Finlandia se ha llevado a cabo una experiencia pionera que sustituye los albergues para indigentes por casas de las que pueden hacerse responsables. Esto les concede la oportunidad de rehacer una vida sin tutelas interesadas. Mientras tanto, para sorpresa de los españoles, sus ciudades se llenan cada día más de gente sin techo, de personas totalmente expulsadas del sistema que no cuentan con la menor ayuda para rehacer su vida. No olvidemos que estar empadronado es la exigencia primordial para recibir cualquier tipo de estímulo o protección. Es decir, las personas sin hogar están doblemente condenadas. Y mientras tanto, los especuladores, cada vez más henchidos y cercanos a los políticos oportunistasl