El confinamiento dispara las denuncias a la Policía contra personas que se saltan las restricciones del estado de alarma. Muchas de ellas son reincidentes, pero ¿de verdad necesitamos convertirnos los ciudadanos en vigilantes? Por Fernando Goitia/Foto: Cordon Press

El coronavirus parece haber sacado a ese policía que muchas personas llevan dentro. O, mejor dicho, que creen llevar dentro, porque ser policía, como señala un portavoz del Ministerio del Interior, «es toda una ciencia». Bajo el estado de alarma, se han multiplicado las llamadas de ciudadanos a los teléfonos y medios telemáticos de los distintos cuerpos policiales. Han proliferado, además, los mensajes y vídeos en redes sociales que muestran a personas saltándose las restricciones dictadas por el gobierno, pero lo que puede parecer un gesto cívico ¿podría ser, en última instancia, moralmente reprobable?

Hay personas que parecen montar guardia en sus ventanas, ya que sólo así se entiende las denuncias a vecinos por salir más de la cuenta o por ir con excesiva frecuencia al supermercado.

Ante el confinamiento por el coronavirus la inmensa mayoría de la población ha aceptado respetar las normas que evitan o reducen la propagación del virus. Por eso, cuando vemos a alguien que no lo hace, es lógico el impulso de actuar al respecto. El problema es que lo que se denuncia la mayoría de las veces son conductas sospechosas, es decir, no confirmadas, de vulnerar las restricciones del estado de alarma. Aunque también hay personas que parecen montar guardia en sus ventanas, ya que sólo así se entiende las denuncias a vecinos por salir más de la cuenta o por ir con excesiva frecuencia al supermercado. Son, en todo caso, los agentes quienes deben después confirmar si hay infracción o si los señalados eran, más bien, personas autorizadas a circular.

Así ha sucedido con numerosos empleados de supermercados y profesionales sanitarios que regresaban a casa tras extensas y dramáticas jornadas laborales o a personas que paseaban con niños con síndrome del espectro autista. Algunos, incluso, han sido increpados o recibidos a huevazos y escupitajos por vecinos, calificados después por el colectivo de sanitarios en las redes sociales como ‘gestapo’, ‘hooligans’ o ‘justicieros de balcón’. Actitudes que enlazan con las exhibidas en vídeos donde se celebra a policías que actúan con exceso de celo ante infractores del estado de alarma.

«Civismo es ayudar a cumplir las normas y hay conductas que son flagrantes, pero cuando la gente denuncia o reprende a los demás, lo cierto es que no conocen sus circunstancias –señala el psicólogo Guillermo Fouce, presidente de la Fundación Psicólogos sin Fronteras–. Tú crees que el otro incumple las restricciones que tú sí cumples, te comparas con él y quieres que pague por ello: si yo me sacrifico, ¿por qué él no? ¿Acaso se cree más que yo?»

Avisar a la Policía es, en todo caso, un modo mucho más cívico de dirigir esa rabia que insultar a un transeúnte. Un tipo de conducta sobre la que advirtió en su día el comisario principal de Policía Nacional, José Ángel González, al pedir a los ciudadanos que «no intervengan. Es mejor llamar al 091 y comunicar aquello de lo que han tenido conocimiento». Desde Interior, en todo caso, matizan que «la colaboración ciudadana siempre es bienvenida», pero que esta es una situación diferente a la que se produce, por ejemplo, ante delitos relacionados con la violencia de género o el acoso infantil. «En esos casos, sí que se pide que si lo ves no te calles –dicen desde el ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska–, pero el gobierno no ha hecho ningún llamamiento explícito a denunciar o comunicar infracciones referidas al estado de alarma; se apela, eso sí, a la responsabilidad individual y colectiva porque está en juego la salud de todos».

«Delatamos a los demás porque desconfiamos de ellos, sospechamos de sus intenciones y deseamos excluirlos de nuestro entorno, castigarles», señala Gil Calvo.

Una responsabilidad en la cual, según el especialista en sociología política Enrique Gil Calvo, el gobierno no deposita excesiva confianza. «Las autoridades latinas desconfían del civismo de la ciudadanía», dice. Y esa sería, a su juicio, la razón de que países latinos como el nuestro suframos confinamientos mucho más estrictos que los del resto de Europa. Un déficit de confianza pública que facilita, en última instancia, la delación, chivarse. «Delatamos a los demás porque desconfiamos de ellos, sospechamos de sus intenciones y deseamos excluirlos de nuestro entorno, castigarles», señala Gil Calvo.

Y lo cierto es que los ciudadanos parecen vigilarse más que nunca entre sí, decididos, de algún modo, a actuar como una extensión del Estado. La motivación aparente, o la excusa, a veces, es el bien común. Algo que nadie pone en duda ante casos que claman al cielo, como botellones, procesiones o celebraciones callejeras –conductas cuya sanción puede alcanzar los 10.400 euros–, pero hay situaciones en las que no es tan evidente.

Las normas son las mismas para todos, pero el confinamiento no es igual para quién vive en un amplio apartamento, o en una casa con jardín, que para el que comparte un piso diminuto con varias personas, tiene niños pequeños o personas dependientes a su cargo, ha perdido su sustento, etc. Al margen de que muchos conflictos son, en realidad, una extensión de rencillas entre vecinos deseosos de avergonzar al otro ante su comunidad. «En esos casos, donde siempre se pasa al grito y al insulto, la razón objetiva de saltarse el confinamiento pasa a un segundo plano y se entra en otra dimensión –explica Fouce, vocal del Colegio de la Psicología de Madrid–; ya no se trata de si me salto o no la norma sino de cómo me estás tratando».

Muchos conflictos son, en realidad, una extensión de rencillas entre vecinos deseosos de avergonzar al otro ante su comunidad.

Lo cierto es que el mundo, de algún modo, parece haberse dividido entre quienes perciben en el coronavirus una amenaza real y quienes no lo ven así; por eso los primeros se indignan ante los que no respetan las medidas de seguridad. Dicen los psicólogos que chivarse y humillar en público puede proporcionar en estos momentos cierto desahogo, obtener ‘justicia’ en circunstancias inciertas, pero no son mecanismos muy efectivos si de verdad aspiramos a cambiar el comportamiento de otras personas. Más bien, todo lo contrario.

«Desde Interior recuerdan, en todo caso, que pese al incremento de las llamadas ciudadanas (del 15% al 091 y de un 80 % en las descargas de la app AlertCops)…», la mayoría de las más de 800.000 propuestas de sanción –no son multas directas, como las de tráfico– por saltarse medidas del estado de alarma han derivado del patrullaje policial y de los controles en carreteras y en cascos urbanos. «Y hay que señalar, además, que hemos detectado un alto grado de reincidencia –resaltan desde el ministerio–. No lo tenemos cuantificado, pero es algo que nos trasladan desde los operativos. Tenemos casos, incluso, de personas con más de 40 expedientes abiertos. Es decir, que apenas un 1% de la población española ha sido sancionada. El 99% está siendo responsable en un momento tan difícil».

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