El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lleva 65 años dictando sentencias inapelables que afectan a todos los españoles. Sin embargo, muy pocos lo conocen. Viajamos hasta Luxemburgo -que no Estrasburgo- para contarle cómo funciona la más alta instancia de nuestro sistema judicial. Por Fernando Goitia

¿Se acuerda del caso Bosman, que revolucionó los fichajes en el fútbol europeo? Se juzgó en esta sala. ¿La causa de los desahucios en España? En esta otra. ¿La de la multa a Microsoft? ¿La de Google por el derecho al olvido?…». El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, tiene diez salas de vistas. Cada una, como bien recuerdan sus funcionarios, ha sido testigo de sentencias que han generado grandes titulares. La última contradecía a todo un Tribunal Supremo, el nuestro, sobre la retroactividad de las célebres cláusulas suelo en las hipotecas de algunos bancos españoles. Pero hay más. Mucho más.

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Dos tribunales en uno: el Tribunal de Justicia (toga granate), cuyas decisiones nadie puede recurrir y el Tribunal General (togas azules), cuyas sentencias son recurribles ante el de Justicia

En los próximos meses, aquí se decidirá el futuro europeo de Uber, la red de transporte privado a la que han denunciado los taxistas de Barcelona por «competencia desleal». Se juzgará si España incumplió las normas comunitarias sobre ayudas estatales por beneficiar a clubes de fútbol como Real Madrid, Barça, Valencia o Athletic de Bilbao. O si la exención a la Iglesia católica de determinados impuestos es contraria a las leyes de la UE. También será este el tribunal clave para dilucidar las previsibles dudas jurídicas que plantee el brexit.

Y, ojo, porque lo que dice este tribunal, máxima instancia del derecho de la Unión, va a misa. Sus sentencias -31.750 desde su fundación, en 1952- son de obligado cumplimiento para Estados, entidades y personas en el ámbito de la UE. Por eso, sus decisiones han sido determinantes en la construcción e integración europeas.

Aquí se decidirá el futuro de Uber en Europa; las ayudas de estado al Real Madrid o Barça; la exención de impuestos a la Iglesia Católica, y se revisará el acuerdo para el ‘Brexit’

Un peso y trascendencia que, sin embargo, no han impedido que sea, pese a esos recurrentes y efímeros quince minutos de fama, «la gran desconocida de las instituciones de la Unión», como reconoce María Múgica, directora de protocolo y visitas del tribunal. «Todo el mundo, de hecho, nos confunde con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está en Estrasburgo», añade. Múgica -jurista bilbaína con 26 años de dedicación a la entidad- se encarga precisamente, entre otras cuestiones, de que los magistrados nacionales de los 28 Estados conozcan la utilidad y el funcionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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La gran sala: es la mayor sala de vistas del tribunal. Aquí se deciden los asuntos de gran trascendencia para el derecho de la Unión

Una Corte formada, en realidad, por dos órganos judiciales: el Tribunal General (44 jueces), que resuelve recursos en primera instancia; y el Tribunal de Justicia (28 jueces, uno por país), cuya tarea principal es despejar las dudas de los tribunales nacionales sobre las leyes europeas. La idea es que cualquier juez de cualquier país pueda consultar a los jueces de Luxemburgo antes de dictar una sentencia para reducir así la posibilidad de un posible recurso.

Trabajan 129 españoles, tres de ellos son jueces, pero la mayor parte son traductores licenciados en derecho

Estas consultas son, de hecho, casi una obligación en el caso de los órganos de última instancia, como el Supremo. «Si no lo hacen -advierte la juez Rosario Silva, la integrante española del Tribunal de Justicia-, la norma puede ser aplicada de forma no correcta».

Cláusulas suelo

Es lo que ocurrió, por ejemplo, con las célebres cláusulas suelo. «Si el Supremo hubiera consultado a los jueces europeos antes de dictar sentencia -dice Francisco García Cerrillo, uno de los abogados que defendió a los afectados en Luxemburgo-, mis clientes se habrían ahorrado tiempo y dinero y el propio Alto Tribunal español no estaría ahora con esta papeleta».

A pesar de este episodio, la familiaridad de los juristas españoles con el funcionamiento del tribunal ya está, en opinión de Silva, «al nivel de los demás Estados». España, de hecho, miembro desde 1986, fue el tercer país que más consultas presentó el último año: 47. ¡Récord!

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Creado en 1952, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido en estos 65 años, 31.750 sentencias y actos. La mayor parte de ellos se guarda en el archivo de la Corte

La Corte está «abierta a todos los ciudadanos de la Unión», subraya su secretario general, el valenciano Alfredo Calot, el hombre que dirige de facto la institución. Calot es el funcionario de mayor rango, a excepción de los jueces, que trabaja en el tribunal y es uno de los 129 españoles de la plantilla. Como casi todos ellos, llegó tras aprobar una oposición. Calot entró el mismo año de nuestra adhesión como jurista-lingüista. Así se llama a los traductores -licenciados en Derecho, todos ellos, y con dominio de, al menos, dos idiomas-, verdadero corazón de un tribunal cuyas sentencias se publican de forma simultánea en 23 lenguas. No en vano casi la mitad de la plantilla, mil de sus dos mil empleados, trabaja en la Dirección General de Traducción.

«Aquí te codeas con juristas de todas las nacionalidades -cuenta un juez-, con culturas jurídicas distintas a la nuestra de derecho romano. germánico, anglosajón, escandinavo… El nivel de exigencia es muy alto»

Los jueces, por cierto, deben dominar el inglés y, sobre todo, el francés, la lengua de trabajo del tribunal. Es decir, toda la documentación procesal debe ser traducida al francés, que es el idioma en el cual deliberan los magistrados y en el que se dictan originalmente todas las sentencias.

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Los abogados nacionales que intervienen ante el tribunal guardan sus togas en estas taquillas. Los letrados litigan en su propio idioma gracias a un nutrido servicio de intérpretes

Esta diversidad de lenguas y procedencias es, para quienes trabajan aquí, uno de los grandes valores de la institución. «Aquí te codeas con juristas de todas las nacionalidades -explica Ignacio Ulloa, uno de los dos jueces españoles del Tribunal General- y convives con culturas jurídicas distintas a la nuestra de derecho romano: germánico, anglosajón, escandinavo… En cada asunto, además, trabajamos siempre un mínimo de tres jueces, lo que permite dictar sentencias muy elaboradas. El nivel de exigencia es muy alto, y las ponencias pasan una criba de compañeros que son juristas de reconocido prestigio. ¡Vamos, es que no se les pasa nada!».

El tribunal de Justicia revisó el año pasado 47 causas procedentes de nuestro país. Un récord: miembro desde 1986, España es ya el tercer país que más consultas realiza a los jueces de Luxemburgo

El proceso de selección de los jueces, por su parte, es bien distinto al del resto de los funcionarios. «Nos proponen los gobiernos -explica Ulloa-. Aunque la evaluación definitiva la realiza un comité que visa la actitud y capacidad de los candidatos. Todos somos licenciados en Derecho con un mínimo de 15 años de ejercicio como juristas. Que no como jueces, porque vienen abogados, profesores, funcionarios de la UE…».

juzgado de europa, jueces UE, unión europea (2)Aquí es donde deliberan los jueces del Tribunal de Justicia. En la pared de la sala está archivada buena parte de su jurisprudencia. Cada color es un idioma. El rojo es el del español

Ulloa, madrileño de 49 años, llegado a Luxemburgo hace cuatro, recuerda con cierta excitación aquel interrogatorio al que lo sometió el Comité. «Es que te analizan con lupa -asegura-. Evalúan tu conocimiento del derecho de la Unión. te preguntan por sentencias, por cómo se articularía un recurso por incumplimiento, uno por omisión, el de anulación… En fin. Si pasas la criba, ya es el Consejo el que realiza el nombramiento final -remata Ulloa-. Y para acceder al Tribunal de Justicia es igual».

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«Llevamos 65 años funcionando, pero muchos nos confunden con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo) -reclama Rosario Silva- somos el máximo poder judicial de la Unión»

Pese a ser propuestos por los gobiernos, la juez española Rosario Silva defiende la «absoluta independencia» de los magistrados del tribunal. «A nadie del Ejecutivo se le ha ocurrido decirme nunca. ‘Atención con este asunto’. ¡Nunca! -sentencia-. Aquí todos trabajamos igual. La única restricción es que no podemos ser ponentes en un asunto de nuestro país, aunque sí formar parte de la sala».

Rosario Silva: Nuestra jueza

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La única magistrada española del Tribunal de Justicia, la más alta instancia judicial, lleva
en el cargo desde 2003. «Aunque te haya puesto el Gobierno de tu país, todos somos absolutamente independientes -sentencia-. A nadie se le ha ocurrido decirme. ‘Atención con este asunto’. ¡Nunca! Aquí todos trabajamos igual, no importa de qué país seas. La única restricción es que no puedo ser ponente en un asunto español, pero sí formar parte de la sala».

Alfredo Calot: Español al frente

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Secretario general desde 2010, de este valenciano depende la vida diaria del tribunal. «Mi principal reto en este puesto es salvar el multilingüismo. Con la crisis sufrimos una fuerte presión presupuestaria, pero, sin el respeto a la igualdad de todos los idiomas, la UE se muere. Es una convicción».

Ignacio Ulloa: 1.ª Instancia europea

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Es uno de los dos españoles en el Tribunal General. «Es una instancia abierta a todos. Aquí puedes acudir si te consideras perjudicado por una disposición o una institución europea. Y las sentencias son recurribles al Tribunal de Justicia».