Vivían en Estados Unidos con sus hijos. Hasta que un día estas mujeres fueron deportadas a México y separadas de sus familias. Ahora luchan organizadas desde Tijuana, en la frontera, para regresar con ellos. Se sienten, dicen las madres, muertas en vida. Por David López Canales / Fotos: Nuria López Torres
Cuando tenía 6 años, Paulina le preguntó a su madre, Yolanda Varona, por qué ella no había nacido allí, en San Diego (Estados Unidos), donde vivía, como sus compañeros del colegio. Y ella se lo explicó. Le dijo que ellos eran de México y que habían cruzado allí para tener una vida mejor. «¿Y no podemos estar aquí?», le preguntó la niña. «Técnicamente no -trató de explicarle su madre-. Pero tú tienes que seguir haciendo tu vida de niña e ir al colegio y jugar con tus amigas y no preocuparte por nada de eso».
Yolanda vivió 18 años en Estados Unidos, donde nació su hija. Deportada a México, no se ven desde hace 8 años. En 2014 creó en Tijuana Dreamer’s Moms, una ONG que ayuda a las madres deportadas y separadas de sus hijos
Varona no sabía entonces que, 9 años después, el temor de Paulina se confirmaría y que sería deportada y separada de sus hijos. Esta mujer es una de las cinco millones de personas expulsadas de Estados Unidos en las últimas dos décadas. Representa también a los numerosos casos de padres separados de sus familias que conforman la cara más dramática de la política migratoria de este país en el que buscaban esa vida mejor.
Tijuana es la ciudad fronteriza más famosa de México, la más transitada y la zona cero para los que son deportados de Estados Unidos. Una ciudad donde numerosas madres pleitean contra la burocracia para tratar de obtener un visado o un permiso de residencia que les permita regresar con sus hijos.
«Expulsar a inmigrantes que llevan tanto en EE.UU. Desgarra familias. La ley ignora estos lazos» -Human Rights Watch
«Yo no tengo nada en contra de Estados Unidos. A mí no me invitó a ir. Nosotras, de entrada, hicimos algo mal: ir a un país donde no éramos bienvenidas», concede Yolanda, directora de Dreamer’s Moms, una pequeña asociación de madres deportadas en busca de apoyo mutuo y asistencia legal para afrontar los largos procesos y los altos costes que implica su lucha.
Su realidad, sin embargo, no es nueva. Durante el mandato de Barack Obama, el presidente que ostenta el récord de expulsiones, fueron deportadas más de 300.000 personas cada año. Con Trump, en 2017 -su primer año en la Casa Blanca-, la cifra se redujo a 226.000, sobre todo porque disminuyó de forma drástica el número de migrantes que trataron de cruzar ilegalmente y, por tanto, también el número de detenidos.
Pero Trump ha empleado métodos mucho más agresivos, como la detención de más de 2300 niños, separados de sus padres tras intentar estos cruzar la frontera. El presidente llegó incluso a pedir deportaciones «sin jueces ni tribunales», aunque finalmente dio marcha atrás, permitiendo la reunificación de las familias tras desatar una ola de indignación.
La política migratoria de Trump, sin embargo, parece imparable. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) denuncian que, además de los expulsados capturados en la frontera, la nueva Administración está deportando cada vez más a personas que llevan años en el país.
«Expulsar a inmigrantes que han vivido tanto tiempo en Estados Unidos implica desgarrar familias, separar a padres de sus hijos, de sus casas, de sus trabajos. La ley falla al no considerar estos lazos. Y debe cambiar para tenerlos en cuenta, pese al interés del Gobierno en las deportaciones», alegan desde HRW.
Mientras esto no sucede, en Tijuana, las madres como Yolanda siguen su lucha entre el optimismo y la desesperanza. «Siempre decimos que estamos muertas en vida, porque no tenemos tranquilidad, porque no sabemos de nuestros hijos», sentencia Montserrat Galván, otra de estas luchadoras.
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