Han salvado a miles de personas de morir ahogadas en el Mediterráneo. Ahora, un tribunal los acusa de favorecer la inmigración ilegal y de colaborar con las mafias. Por Daniel Méndez

No son los únicos. En Europa hay 45 casos de voluntarios que se han tenido que sentar en el banquillo. ¿Estamos criminalizando la ayuda?

Son las tres de la mañana cuando suena el móvil. Al otro lado se oye el ruido del viento, el chapoteo de las olas y, sobre todo, gritos. Niños que lloran, hombres y mujeres que hablan a voces. Miedo. Y alguien alza su voz sobre el griterío para pedir ayuda. Si no van a rescatarlos, morirán ahogados. ¿Qué haría usted si es su teléfono el que suena? Probablemente, buscar el modo de pedir auxilio. Tratar de salvar esas vidas que corren peligro.

Esto es lo que hizo Mussie Zerai en 2003. «Pensaba que era una broma de mis amigos de Roma», cuenta hoy este sacerdote eritreo, quien había llegado a Italia en 1992, siendo apenas un chaval de 16 años. Estudiaba Teología en Roma y, sin saber qué hacer, se fue a despertar al rector del seminario, quien le indicó que llamara a la Guardia Costera. Aquella fue la primera. Desde entonces, Mussie ha recibido miles de llamadas similares. Y siempre ha hecho lo mismo: pedir auxilio para aquellos cuya vida corría peligro. Avisando a las autoridades italianas, a Naciones Unidas y a las ONG dedicadas a salvamento marítimo de la ubicación y las condiciones de la embarcación. Ha salvado miles de vidas, pero hoy hay un proceso abierto contra él en Trapani (Sicilia): el padre Zerai y otros dedicados a la acción humanitaria están siendo juzgados por favorecer la inmigración irregular y por colaboración con las mafias.

Un caso similar al de Helena Maleno, periodista, activista, investigadora y fundadora de la ONG Caminando Fronteras, una organización de apoyo a las redes migrantes que opera desde Tánger. Allí reside y trabaja Helena desde hace tres lustros. Y allí está siendo juzgada por un tribunal marroquí, acusada de connivencia con las mafias dedicadas al tráfico de personas. En un caso que fue archivado en España y que, en un sorprendente periplo, ha llegado a los juzgados marroquíes. Declaró a finales de enero.

De los cuatro protagonistas de este reportaje Mussie Zerai, Helena Maleno, Manuel Blanco y José Enrique Rodríguez. Zerai y Maleno han sido galardonados con el Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2017

Ni Helena ni el padre Zerai están solos. Hay muchos casos similares. Como el de los tres bomberos sevillanos detenidos en Lesbos en 2016, cuando regresaban a tierra tras una misión infructuosa de rescate: tras pasar tres días en el calabozo fueron puestos en libertad bajo fianza de 5000 euros cada uno. Dos de estos bomberos Manuel Blanco y José Enrique Rodríguez son protagonistas de este reportaje. Con ellos fue detenido Salam Aldeen, a quien no se ha permitido abandonar Grecia a la espera de un juicio que arranca el próximo 7 de mayo. Y hay muchos más casos en Europa. El británico Institute of Race Relations recogía en un informe reciente 45 casos de voluntarios y trabajadores de ONG cuya actividad los ha llevado al banquillo de los acusados. El más joven tiene 24 años; el mayor, 70. Hay activistas, pero también profesores, periodistas, estudiantes. Un muro invisible se cierne sobre quienes realizan trabajo humanitario en las fronteras europeas… o cerca de ellas. Una valla judicial que parece querer ponerlos del lado de los malos. En el banquillo de los acusados.

El pánico al efecto llamada

Margarita Martínez, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y experta en migraciones, lo tiene claro. «En Europa y en España se viene desarrollando desde hace tiempo una guerra contra la inmigración irregular. Se emplean medios materiales, como muros y vallas. Pero también jurídicos, y una de las estrategias contra el migrante irregular, contra el sin papeles, es castigar la hospitalidad y la solidaridad. De esta manera, el círculo contra el migrante se estrecha cada vez más».

«Una de las estrategias contra el migrante irregular es castigar la solidaridad», dice la catedrática Margarita Martínez

El padre José Luis Pinilla, director de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, cita el evangélico «tuve hambre y me disteis de comer, fui forastero y me acogisteis» (Mateo, 25) para afirmar a continuación. «La hospitalidad y la acogida son dos valores, dos respuestas imprescindibles para el desarrollo de la humanidad. Helena es un icono para mucha gente -asegura-. Y la Administración tiene un pánico atroz a lo que denominan ‘efecto llamada’. Castigando a Helena se reduce este supuesto efecto llamada, que es una excusa de las autoridades para vulnerar los derechos humanos».

Reformar para castigar

Unos y otros recuerdan la obligación de auxiliar a quien lo necesita. Lo dice el derecho marítimo y lo dice también la legislación en tierra. Una obligación que se refiere a los particulares, pero también a los Estados. «Si tenemos noticias de que alguien está en peligro y no actuamos -explica Margarita Martínez-, estamos cometiendo un delito de omisión de socorro». Pero se penaliza por otras vías. «En la reforma del Código Penal de 2015 se introdujo en España la pena de ayuda a la permanencia irregular -continúa la catedrática-. Esto permitiría, por ejemplo, castigar a quien alquilase la habitación de un hotel a un sin papeles». Del mismo modo en que dar trabajo a un inmigrante irregular está castigado por la legislación laboral y también por la de extranjería. «Aunque no haya explotación, sino solo comportamiento solidario, está penado».

En la frontera entre Italia y Francia se prohibió distribuir comida a los migrantes. Dar un bocadillo se multa con 200 euros

Y ocurre en muchos puntos de Europa. Como es natural, los casos abundan en aquellas zonas calientes que son área de entrada y salida de migración irregular. Y vemos que en la localidad de Ventimiglia, en la frontera entre Italia y Francia, se prohibió la distribución de comida a los grupos de migrantes que allí se agolpan. Dar un bocadillo está castigado con 200 euros de multa. Algo parecido intentó en marzo del año pasado la alcaldesa de Calais, en Francia. Pero los tribunales locales tumbaron la iniciativa porque privaba «a una población en situación muy precaria de una asistencia vital». Porque los ponía en riesgo de muerte, en definitiva. En Francia, en Bulgaria, Dinamarca o Suiza se está castigando el trabajo humanitario. La solidaridad.

«Pero una hipotética condena -resume el padre Pinilla -tendría el efecto contrario al que se pretende. Detrás de la mirada de Helena ante el juez había miles de miradas. Es la persona que más vidas ha salvado en el Estrecho».

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